El IDEC-UPF da respuesta a las nuevasnecesidades formativas con el posgrado de Gestión de Atención a la Dependencia

La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia reconoce el derecho a recibir ayudas y ser atendidos.

“Las administraciones, las entidades y los profesionales que deben gestionar los recursos y servicios a la dependencia deben conocer las posibilidades que se ofrecen en nuestro entorno”; Antonio M. Cervera Alemany, director del programa.

La nueva ley de promoción de la autonomíapersonal y atención a las personas en situación de dependencia, de 14 dediciembre de 2006, reconoce el derecho del que disponen muchas personas en situación de dependencia y sus familias a recibir ayudas que les permitan disfrutar delmás alto grado de autonomía y ser atendidos en función de su nivel de dependencia.Ante esta realidad social y legislativa, se plantea un reto que conlleva elaborar untrabajo gestor intenso, teniendo en cuenta los recursos disponibles, sin olvidar losaspectos sociológicos inherentes a esta cuestión. Siguiendo los
valores deinnovación y excelencia académica que siempre han caracterizado sus estudios, el
IDEC-Universidad Pompeu Fabra ha puesto en marcha el posgrado dePlanificación y Gestión de Atención a la Dependencia: Perspectivas de Intervención.

El programa, que comenzará en febrero de 2008, es una oportunidad para adquirir los conocimientos necesarios para que esta nueva ley pueda desarrollarse y aplicarse con éxito, convirtiéndose en una herramienta para cambiar la realidad de las personas que están en situación de dependencia.

Formación basada en hechos reales

Los datos disponibles del momento en que se dicta la normativa, basados en la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES) del 1999, nos indican la existencia en España de algo más de 3 millones y medio de personas con discapacidad. Se considera que de éstas, aproximadamente 1.250.000 dependen de otra persona para los actos más esenciales de
la vida diaria. Se calcula que harán falta entre 200 y 300.000 personas para atenderlas. Esta
cifra da una idea de la magnitud de operaciones de evaluación que habrá que hacer (a domicilio); además de la gestión, financiación y posibles reclamaciones que habrá que afrontar para instaurar un sistema de protección social específico para esta necesidad. Se trata de cifras que tenderán a crecer
progresivamente teniendo en cuenta el cambio en los modelos familiares y el incremento de la
esperanza de vida.

Sólo los Presupuestos Generales del Estado para el 2008 destinaran más de 870 millones de euros, una de las principales partidas dentro del gasto social, que más que duplica la destinada en anteriores presupuestos, como consecuencia de la nueva normativa aprobada.

Los profesionales que se necesitan

El objetivo del programa es conseguir que, sea cual sea el rol que cada uno de los participantes tenga en relación con el nuevo sistema (evaluador, gestor,administrativo…) esté capacitado para interactuar con el resto de agentes. Por ello, se completará su formación específica y destreza profesional
propia con el conocimiento de elementos básicos de las diversas perspectivas de intervención
(médica, jurídica, administrativa, etc.) de la realidad que se quiere afrontar. El posgrado está compuesto por cuatro módulos: modelos de atención a la dependencia, economía y finanzas, legislación y aspectos sociológicos. La combinación de estas diferentes perspectivas permitirá dar una
visión global de la situación general a la hora de tomar decisiones sobre gestión de la
dependencia.
El posgrado se dirige a aquellas personas que hayan de intervenir en alguno de los procesos de gestión de este nuevo sistema de protección social de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. La metodología que propone el programa pretende armonizar el análisis teórico con la comparación práctica de casos y precedentes cercanos. Se trata además de un área formativa
con grandes oportunidades de empleo. Se calcula que el despliegue de la Ley supondrá la creación de 250.000 nuevos puestos de trabajo en todo el Estado.