Las distintas Administraciones Públicas han desarrollado normas legales, reglamentarias y técnicas en materia de prevención y control de riesgos, que constituyen una buena base para el desarrollo de acciones preventivas y, en consecuencia, de la autoprotección. Entre ellas, es preciso destacar la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo objeto es promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Es evidente que la protección de los trabajadores de una determinada dependencia o establecimiento implica la protección simultánea de otras personas presentes en el establecimiento, o personas o establecimientos cercanos, con lo que, en tales casos, se estará atendiendo simultáneamente a la seguridad de los trabajadores y a la del público en general. En estos casos, será de aplicación la Norma Básica de Autoprotección, Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, que establece la obligación de elaborar, implantar materialmente y mantener operativos los Planes de Autoprotección y determinar el contenido mínimo que deben incorporar estos planes en aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que, potencialmente, pueden generar o resultar afectadas por situaciones de emergencia. Toda acción formativa que se lleve a cabo pretende desarrollar una serie de contenidos sobre el Plan de emergencias y evaluación, teniendo como objetivo principal proporcionar al alumnado una serie de conocimientos y competencias acerca del plan de emergencias y evaluación, además de informar y sensibilizar al alumnado en materia de prevención y protección en situaciones de emergencia.