La ley 31/95 establece en su artículo 30 apartado 6 la obligación de las empresas que no hayan contratado la gestión de la prevención con una entidad especializada ajena a la empresa (Servicio de Prevención Ajeno) a someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen.
En el artículo 32 de este Reglamento se establece que las citadas auditorías deberán ser realizadas por personas físicas o jurídicas que posean conocimientos suficientes de las materias y aspectos técnicos del objeto de la auditoría.
Además para realizar auditorías reglamentarias conforme a la legislación vigente, es necesario disponer de la autorización de la autoridad laboral competente.
Por ello la Orden del 27 de Junio de 1997 establece en su artículo 4 las condiciones mínimas para desarrollar actividades de auditoría del sistema de prevención de las empresas, es decir para su acreditación.
En ellas figura que las personas que las realicen deben ser técnicos de nivel superior de prevención de riesgos laborales y disponer además de formación o experiencia en la realización de auditorías.